El futuro del puente Ciudad de la Paz en debate: el gobierno busca reemplazarlo y los vecinos exigen su preservación

La decisión generó una fuerte reacción de vecinos y organizaciones patrimoniales, que se oponen a la demolición de un bien catalogado y proponen su restauración.

El futuro del histórico puente de hierro que cruza las vías del Ferrocarril Mitre para conectar las calles Ciudad de la Paz y Soler, uniendo los barrios de Colegiales y Palermo, se convirtió en el centro de un complejo debate. Apenas cinco meses después de su reapertura parcial, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la empresa estatal Autopistas Urbanas (AUSA), confirmó el llamado a licitación para desmantelar la estructura actual y construir un nuevo viaducto. La medida, justificada por el Ejecutivo en base a informes técnicos sobre la seguridad estructural, provocó la movilización de grupos de vecinos y organizaciones de defensa del patrimonio que rechazan el proyecto y exigen la preservación de una pieza con más de 100 años de historia.

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La situación actual del puente es el resultado de un largo proceso. Tras su cierre preventivo en enero de 2023 debido a una evaluación que reveló riesgos estructurales, el cruce permaneció inhabilitado durante más de dos años. En marzo de este año, se completó la primera fase de un plan de obras que consistió en la instalación de refuerzos metálicos y el reacondicionamiento de la calzada.

Estos trabajos permitieron su reapertura, aunque con una restricción significativa: solo para tránsito liviano (autos, motos, peatones y vehículos de emergencia), excluyendo colectivos y camiones. Según el Gobierno porteño, esta fue siempre una solución provisoria, y la segunda etapa del plan consiste en la construcción de un nuevo puente definitivo que cumpla con las normativas de seguridad y accesibilidad vigentes, incluyendo rampas para personas con movilidad reducida.

Frente a este anuncio, la respuesta de un sector de la comunidad fue inmediata. Vecinos autoconvocados, bajo la consigna “Salvemos el Puente”, y con el apoyo de organizaciones como Basta de Demoler, iniciaron una campaña de visibilización que incluyó movilizaciones y una petición en la plataforma Change.org. Su principal argumento es que el puente, construido en 1916 y catalogado como bien patrimonial desde 2016, no necesita ser demolido. Sostienen que la reciente y costosa rehabilitación es la prueba de que su estructura es viable para el uso de tránsito liviano, que es el que mayoritariamente lo utiliza. Proponen, en cambio, una restauración integral en lugar de un reemplazo, argumentando que sería una opción menos costosa y que respetaría el valor histórico y la identidad del barrio.

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El conflicto escaló al plano legal. Los vecinos y especialistas en patrimonio señalaron que el Gobierno lanzó la licitación para la demolición antes de cumplir con un paso fundamental: la “descatalogación” del puente como bien protegido. Dicha decisión debe ser tratada y aprobada por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), un organismo compuesto por diversas instituciones que evalúa estas cuestiones. Esta situación añadió un elemento de irregularidad al debate, según denunciaron las organizaciones.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad manifestó su intención de preservar la estructura de hierro original por su valor histórico, evaluando una posible reubicación en un entorno cercano como pieza de exhibición. Esta propuesta, sin embargo, no satisface a quienes defienden que el valor patrimonial del puente reside en su función y en su ubicación original, como parte integral del paisaje urbano que conecta a los dos barrios. De esta manera, el futuro del puente Ciudad de la Paz permanece en un punto de tensión, a la espera de las decisiones administrativas del CAAP y del resultado de un debate que contrapone dos visiones sobre el desarrollo urbano: una que prioriza la modernización de la infraestructura y otra que aboga por la preservación de la memoria histórica de la ciudad.