Buenos Aires, 28/08/2025, edición Nº 971
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Actualidad y Comunidad

Tras Más de 20 Años, Desalojan un Predio Ocupado por una Cooperativa de Juan Grabois en Palermo

En un importante operativo conjunto, el Gobierno de la Ciudad recuperó este jueves un inmueble en Bonpland 1660 que estuvo bajo el control del movimiento social La Dignidad por más de dos décadas.

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El predio, cedido originalmente para un comedor en la crisis de 2001, había mutado su función, generando denuncias vecinales. El desalojo se enmarca en la política de recuperación del espacio público de la gestión actual.

La mañana de este jueves en Palermo Hollywood tuvo una fisonomía diferente. Un inusual despliegue de personal del Ministerio de Espacio Público, agentes de la Policía de la Ciudad y móviles del Ministerio de Desarrollo Humano sorprendió a los vecinos en la calle Bonpland al 1660. El objetivo del operativo era claro: tomar control y desalojar un extenso predio fiscal ubicado en la parte trasera del histórico Mercado de Bonpland, que durante más de veinte años fue gestionado por la cooperativa “La Dignidad”, un movimiento social vinculado a Juan Grabois. La intervención, que se desarrolló sin incidentes mayores pero que incluyó la detención de una persona con pedido de captura, marca el fin de una larga historia de ocupación y autogestión, y representa un capítulo clave en la política de la administración de Jorge Macri de “ordenar y recuperar” el espacio público porteño.

Para entender la complejidad de este desalojo, es necesario retroceder más de dos décadas en el tiempo, a la profunda crisis social y económica de 2001. En ese contexto de emergencia, el Gobierno de la Ciudad cedió el predio mediante un “permiso de uso precario” a la cooperativa con un fin específico y urgente: la instalación de un comedor comunitario para asistir a las familias más vulnerables. Sin embargo, con el paso de los años y los cambios en la realidad social del país, el uso del espacio fue mutando y diversificándose. El comedor original dio paso a un complejo autogestionado que incluía una verdulería, un almacén con productos de la economía popular, puestos de venta de artesanías y un centro cultural donde se realizaban talleres, charlas y eventos políticos.

Esta transformación, si bien representaba un modelo de economía social para sus integrantes, comenzó a generar crecientes conflictos con el entorno. Vecinos de los edificios linderos presentaron a lo largo de los años múltiples denuncias por ruidos molestos, principalmente a raíz de la organización de eventos y bailes privados en el predio, actividades que no estaban contempladas en el permiso original y que derivaron en varias clausuras administrativas por parte de la Agencia Gubernamental de Control. La situación jurídica se volvió más precaria en 2022, cuando las autoridades detectaron la existencia de un contrato de comodato interno entre organizaciones afines al movimiento de Grabois, una suerte de “subalquiler” de un predio fiscal que carecía de cualquier respaldo legal.

La decisión de avanzar con el desalojo fue justificada por el propio Jefe de Gobierno, Jorge Macri, en el marco de una política activa de recuperación de inmuebles usurpados, que según cifras oficiales ya suma 376 casos desde el inicio de su gestión. “La usurpación y la ocupación ilegal de un espacio público genera desorden, inseguridad e incomodidad para los vecinos. Nuestro compromiso es cuidar siempre a la gente que está dentro de la ley”, afirmó Macri. Desde el gobierno porteño se enfatizó que la medida busca devolverle el predio a la Ciudad para darle un nuevo destino, que será definido por el Ministerio de Desarrollo Económico, y normalizar la situación para los puesteros del Mercado de Bonpland oficial, quienes no tenían vínculo con la cooperativa y cuya actividad se veía afectada.

El operativo de este jueves es, en definitiva, mucho más que el desalojo de un predio. Es el punto final de una historia que nació al calor de una de las peores crisis del país y que evolucionó de formas imprevistas. Representa el choque entre dos visiones sobre el uso del espacio público: la del Estado, que busca regular y ordenar según sus normativas, y la de los movimientos sociales, que proponen modelos de autogestión y economía popular. En una acción paralela y de fuerte carga política, desde el Ejecutivo también se comunicó la suspensión del financiamiento de los colectivos que transportaban a cartoneros de cooperativas afines a Grabois desde el Conurbano, unificando el desalojo con una política más amplia de recorte de la intermediación de estas organizaciones. El futuro del predio de Bonpland 1660 es ahora una incógnita, pero su historia quedará como un testimonio de las complejas transformaciones sociales y políticas que han atravesado a Palermo y a toda la Argentina en las últimas dos décadas.

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