Noticias del barrio de Palermo
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Preocupación entre inquilinos por la nueva ley de “desalojos rápidos” que debate el Senado
El Senado de la Nación se encuentra debatiendo un polémico proyecto de ley enfocado en la inviolabilidad de la propiedad privada, el cual incluye modificaciones sustanciales al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La medida estrella de la iniciativa es la habilitación de desalojos inmediatos por vía sumarísima, lo que encendió las alarmas de las organizaciones de arrendatarios en todo el país.
Desde Inquilinos Agrupados, denuncian que esta normativa dejaría en una situación de extrema vulnerabilidad a miles de familias que sufren retrasos mínimos en el pago de sus alquileres debido a la crisis económica.
¿Qué cambiaría con la nueva ley de desalojos rápidos?
El proyecto propone que los casos de falta de pago, intrusión o toma de inmuebles se tramiten mediante un “juicio sumarísimo”, el procedimiento legal más rápido que existe en el sistema judicial argentino.
Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, advirtió sobre la gravedad de estos cambios y detalló cómo afectarían los plazos:
| Concepto | Modificación propuesta por la ley |
| Tiempo de notificación | Ante un atraso, el dueño puede notificar al inquilino en apenas 3 días (actualmente el plazo es de 10 días). |
| Ejecución del desalojo | Una vez notificado, el juez puede ejecutar el desalojo en 5 días. |
| Requisito de deuda | El proceso de desalojo inmediato puede iniciarse al acumular dos meses de deuda. |
| Freno del proceso | Se elimina la posibilidad de que la familia salde la deuda para detener el desalojo una vez iniciado el proceso judicial. |
“No existe una ley tan violenta como la que se está planteando en el Senado ahora. Si se atrasó, va directamente a la calle. El proyecto impide regularizar la situación aun si se paga el monto adeudado”, sentenció Muñoz.
Endeudamiento y crisis económica: La otra cara del conflicto
Desde la agrupación insisten en que el problema central en Argentina no es una crisis sobre la propiedad privada, sino el deterioro del poder adquisitivo. Según los informes recientes elaborados por Inquilinos Agrupados, la mayoría de quienes alquilan (incluso teniendo trabajo registrado y un alto nivel educativo) se están endeudando para cubrir necesidades básicas.
“Empezamos a medir el endeudamiento durante la pandemia y constatamos que creció la morosidad, el desempleo y el multiempleo. La morosidad creció y el motivo principal es el endeudamiento para comprar alimentos”, explicó el dirigente.
Para las organizaciones que defienden a los arrendatarios, el argumento oficial de brindar “seguridad jurídica” con esta normativa es engañoso, ya que solo restringe la protección habitacional en un contexto donde el acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Mientras el debate continúa en la Cámara Alta, el futuro de los inquilinos porteños y de todo el país se mantiene en vilo.
